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USO LEGITIMO DE LA FUERZA

El Estado como representante del interés general, o bien común, es quien garantiza el pleno ejercicio de los derechos de las personas y quien detenta el ejercicio legítimo del uso de la fuerza. Para sus intervenciones en materia de seguridad ciudadana, el Estado cede exclusivamente la potestad del uso de la fuerza a los cuerpos de seguridad.

Para el cumplimiento de sus funciones, los cuerpos de seguridad necesitan prerrogativas y facultades que están vedadas al resto de las personas bajo jurisdicción del Estado, y el uso de la fuerza y de las armas de fuego son la manifestación más clara y relevante de esas responsabilidades institucionales.

El personal los cuerpos de seguridad pueden usar la fuerza siempre que la misma esté justificada legalmente por el objetivo que se persigue (La vida de un tercero o del propio funcionario, la comisión de un delito en determinados casos, etc.). Pero cuando esa fuerza no está justificada y el personal del cuerpo de seguridad actúa de manera abusiva, ilegal, arbitraria o discriminatoria, la fuerza deja de ser una herramienta lícita del poder público para transformarse en mera violencia.

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